Camila es una niña indígena que vive en un pueblo rural de la serranía peruana. Ella fue víctima de violación sexual por parte de su progenitor desde que tuvo 9 años y durante 4 años aproximadamente. En el 2017, cuando tenía 13 años, quedó embarazada producto de estos abusos continuados, que fueron mantenidos en secreto debido a las amenazas realizadas por su progenitor. Él le dijo a Camila que, si alguien se enteraba de lo sucedido, la mataría y acabaría también con la vida de su mamá y su hermano.

La violencia sexual tiene impactos devastadores en la vida de las niñas. En el caso particular de Camila, ella vio afectada su salud física y psicológica. Ella sentía constantes mareos y dolores de cabeza e, incluso, dejó de ir al colegio. Según las evaluaciones psicológicas, Camila sufre de una depresión moderada con síntomas que incluyen humor depresivo, un carácter claramente anormal para la niña; falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad; pérdida de confianza y estimación de sí misma, y sentimientos de inferioridad; reproches hacia sí misma desproporcionados y sentimientos de culpa excesivos e inadecuados; cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición; y alteraciones del sueño.

La madre de Camila, una mujer indígena quechuahablante con una discapacidad física severa que le impide desplazarse, recién conoció los hechos de violencia contra su hija cuando las maestras de Camila reportaron su ausencia reiterada a clases y sus problemas de salud. Tras unos chequeos médicos, la familia de Camila descubrió que los cambios abruptos en su cuerpo y en su estado de ánimo se debían a un embarazo producto de los actos de violación sexual. Finalmente, Camila pudo contar que su padre la había violado.

Con la ayuda de terceros, la madre de Camila interpuso una denuncia por violación ante la comisaría de su pueblo. A la niña la desbordaba la desesperación y no quería continuar con un embarazo que ella no deseaba ni decidió. El embarazo forzado que sufría le generaba angustia y un gran sufrimiento: “me quería matar” afirmó entre sollozos en una de las primeras entrevistas con psicólogos y fiscales.

Por el alto riesgo que el embarazo representaba para la salud de Camila, su madre solicitó que se aplique el aborto terapéutico. Sin embargo, los funcionarios del hospital no respondieron dentro de los plazos legales a dicha solicitud, lo que impidió que ella acceda a este servicio oportunamente. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

En ese contexto, existió una serie de deficiencias en la atención a Camila. Además de que el hospital no ofreció una respuesta adecuada y oportuna a su pedido de interrupción legal del embarazo, el establecimiento incumplió con lo estipulado en el protocolo médico, que, además, no cuenta con un enfoque diferenciado para la atención de niñas y adolescentes.

Asimismo, días después de la pérdida del embarazo, la obstetra del centro médico de su comunidad, donde se atendió inicialmente, acudió a su casa junto con un policía para exigir que retome sus controles prenatales. Esta irregular conducta de la obstetra, que vulneró el derecho de Camila a la intimidad, la dignidad, la integridad y al libre desarrollo, no ha sido sancionada por el ente supervisor de la prestación de servicios de salud por no considerarla irregular.

Por otra parte, la fiscal que investigó los hechos de violación sexual decidió iniciar una investigación contra Camila por el supuesto delito de “autoaborto”, que, en el Perú, tiene la mayor pena para casos de aborto. Como único medio probatorio, usó un testimonio de Camila en el proceso por violación sexual contra su progenitor, en el que ella manifiesta su negativa a asumir una maternidad forzada. Como consecuencia, Camila fue declarada responsable de autoaborto y se le fijaron medidas para supervisar su comportamiento por parte de las autoridades, y se le consideró “adolescente infractora”.

Es decir, Camila pasó de víctima a victimaria. Se ordenaron diligencias humillantes y revictimizantes para ella, se determinó su responsabilidad penal, y se mantuvo una inexplicable persecución judicial en su contra. Esto sucedió, a pesar de que el agresor se encuentra privado de su libertad y ha aceptado su responsabilidad en los hechos en reiteradas ocasiones, y de encontrarse prohibido por la ley. La fiscal insistió en que Camila acuda al juzgado para que narre nuevamente lo sucedido. Ordenó diligencias de reconstrucción de los hechos y la exhumación de los restos del producto de su embarazo, .lo que generó situaciones revictimizantes y que van en contra de los estándares de protección de víctimas de violencia sexual, especialmente de las niñas y niños.

Debido a todo lo vivido por Camila, Promsex decidió acompañarla en su pedido de justicia, buscando como objetivo principal del litigio que se reconozca el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a una interrupción legal del embarazo de modo seguro, dado el grave riesgo para su salud física y mental.

En el Perú, todos los días, muchas niñas viven situaciones como las de Camila. De hecho, el Estado peruano ya ha sido sancionado ante instancias internacionales por haber dejado desamparadas a niñas y adolescentes a las que se les negó el acceso al aborto legal tras una violación sexual.

Por esa razón, Camila busca justicia y poner un alto a esta situación de vulneración de sus derechos. Ella quiere que esto no le suceda a ninguna niña en el Perú ni en América Latina.