El nacimiento de Sergio

Eulogia es una mujer indígena, quechuahablante y en situación de pobreza, quien vive en la comunidad de Layme (Yanaoca, Canas, Cusco). En el año 2003, cuando tenía 22 semanas de gestación de su sexto hijo, acudió a su primer control prenatal en el Centro de Salud de Yanaoca. Se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, ella no fue informada del diagnóstico ni se realizó seguimiento médico alguno.

El 10 de agosto de 2003, Eulogia presentó síntomas de parto, por lo que fue trasladada al Centro de Salud de Yanaoca. Al llegar, fue abandonada en la sala de partos por casi una hora sin que se le brindara indicación alguna. Por el intenso dolor de Eulogia, Jaime, su pareja, salió a buscar ayuda. Cuando Jaime regresó, Eulogia le dijo que sentía ganas de orinar y en ese momento advirtió que la cabeza del bebé comenzaba a salir. Cuando finalmente aparece una obstetra para asistirle en el parto, esta no le permitió parir en cuclillas, posición en la que Eulogia se encontraba. Empleando fuerza, la obstetra jaló del brazo a Eulogia para que regrese a la cama para parir. En esas circunstancias, su bebé cae violentamente contra el suelo desde una altura de alrededor de 60 cm.

Producto de la brutal caída, el bebé, quien recibió el nombre de Sergio, adquirió una severa discapacidad física, sensorial e intelectual. Sergio nunca habló, vio, ni caminó, y presentó convulsiones crónicas, usó pañales, lloró constantemente y, durante su corta vida, tuvo que ser cargado por su madre, padre o hermanos en la espalda.

Al día siguiente del alumbramiento, Sergio fue trasladado al Hospital Regional del Cusco para que sea atendido. El personal de salud de Yanaoca no informó al hospital regional sobre el estado físico de Eulogia, quien acababa de dar a luz, ni la necesidad de que reciba atención. Tampoco envió los documentos que certificaban su seguro de salud.

Jaime y Eulogia, en mal estado de salud debido a la falta de atención posparto, se quedaron en una sala esperando a que alguien les informe sobre el estado de su hijo. Horas después, Eulogia fue encontrada por personal del hospital, que decidió internarla debido al grave estado de salud que presentaba. En el tiempo que ella quedó internada, fue forzada a bañarse con agua fría, lo que desconoce las prácticas tradicionales y costumbres de Eulogia respecto a los cuidados del cuerpo durante el embarazo y después del parto.

Cuando Eulogia y Jaime iban al Centro de Salud de Yanaoca, eran víctimas de malos tratos y actos de hostilización. Por ello, ni Sergio ni Eulogia tuvieron una atención adecuada de su salud. Sergio no accedió a algún tratamiento que le alivie el dolor, ni terapia física, ni siquiera a un diagnóstico certero al que, como niño con discapacidad, tenía derecho.

La muerte de Sergio

El 29 de diciembre de 2015, en absoluto abandono por parte del Estado peruano, Sergio falleció a los 12 años. Ese día, Sergio fue llevado por su madre Eulogia al Centro de Salud de Yanaoca, donde se le diagnosticó una infección respiratoria aguda.

Eulogia no fue informada acerca de la necesidad de hospitalizar a Sergio ni de la gravedad de su estado de salud y, pese a que solicitó el internamiento de su hijo, él fue dado de alta tras brindarle tratamiento ambulatorio. Sergio falleció poco después.

El 2 de enero de 2016, Eulogia se acercó al Centro de Salud de Yanaoca para tramitar el certificado de defunción de Sergio. En esa oportunidad, el personal médico de dicho centro de salud le indicó que, para obtener el certificado de defunción, Eulogia tenía que firmar los siguientes documentos: (1) historia clínica respecto de la atención del 29 de diciembre de 2015 y (2) una hoja de cuaderno (“declaración jurada”) en la que se comprometía a no iniciar proceso judicial alguno.

Posteriormente, Eulogia descubrió que estos documentos, redactados en castellano (idioma que no conoce), señalaban que se le había informado sobre la gravedad del estado de salud de Sergio y la necesidad de hospitalizarlo, pero que ella había rechazado ello, desligando de responsabilidad al servicio y al personal de turno, y que se comprometía a no iniciar ningún proceso legal-judicial al médico que emitió el certificado de defunción.

Las acciones legales iniciadas a causa de estos hechos, tanto en sede nacional como en sede internacional, buscan que se reconozca la violencia obstétrica como una forma particular de la violencia de género. Además, pretenden que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre sus partos, respetando sus usos y costumbres tradicionales, y que se ordene al Estado peruano garantizar la provisión de los servicios de salud en idiomas originarios, de forma tal que se respete el derecho de las personas a recibir información sobre las atenciones en salud.