María
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María es una joven que vive en la periferia de una ciudad de la sierra del Perú con sus padres y sus cuatro hermanos, en un barrio con escasez de servicios básicos y pavimentación. A pesar de la situación de pobreza de su familia, María se disponía a estudiar para convertirse en una profesional.

En el 2014, cuando María tenía 18 años, fue sedada y violada por un compañero de escuela. Cuando recobró la conciencia, María sintió fuertes dolores en la vagina y se percató de que el agresor se encontraba encima de ella. El agresor le dijo a María que, si ella denunciaba lo sucedido, él asesinaría a sus padres y a su pequeño sobrino. Frente a esas amenazas, María no interpuso una denuncia en esa ocasión. Posteriormente, María despertó en la puerta de la casa de su prima sin saber cómo había llegado ahí y con un gran dolor en la zona genital y pélvica que le impedía caminar.

Casi un mes después de este hecho, María fue atacada por cuatro hombres, quienes la sedaron para violarla sexualmente. Uno de los atacantes le tapó la boca con un pañuelo impregnado de una sustancia que le hizo perder la conciencia. Cuando despertó, María se encontró en el mismo lugar donde había sido violada la primera vez y los cuatro agresores se encontraban dentro bebiendo licor. Cuando se dieron cuenta de que María había comenzado a despertar, la obligaron a tomar a la fuerza un líquido que la hizo perder el conocimiento nuevamente. Tres de los cuatro agresores tenían el rostro cubierto, mientras que el cuarto pudo ser identificado por María como el mismo agresor de la primera vez, su compañero de escuela.

Luego de este segundo ataque, María fue dejada en un parque de la ciudad. Cuando despertó, se sentía mareada, presentaba lesiones en el pecho y en las piernas, y fuertes dolores en la zona vaginal y pélvica. María pudo comunicarse con uno de sus hermanos y le contó lo sucedido. A pesar del intenso dolor que sentía, María comenzó a caminar hacia su casa, pero, cuando se encontraba cerca, entró en un estado de crisis nerviosa y no pudo continuar. En ese momento, fue socorrida por sus padres y su hermana, quienes la llevaron a su casa y donde ella les pudo contar lo sucedido.

Minutos después, María fue trasladada a un hospital público cerca del lugar, en un estado de agitación, confusión y ansiedad. En el hospital, les informaron que la atención requería que se presente la denuncia de lo sucedido previamente, condicionando la atención en salud a pesar de la emergencia. Debido a eso, la madre de María acudió a dos estaciones de policía hasta que logró registrar la denuncia de lo sucedido. Con esa denuncia, la madre de María logró que el médico legista acudiera con ella al hospital varias horas después para poder hacerle la revisión correspondiente a María. El médico legista certificó las lesiones traumáticas recientes en el cuerpo de María.

María quedó hospitalizada y fue necesario mantenerla sedada. Al día siguiente, fue visitada por una enfermera, una obstetra, un psiquiatra y el personal del programa TARGA. El equipo médico la encontró depresiva, llorosa y angustiada. Ellos le preguntaron por lo sucedido y por el dolor que sentía. Posteriormente, la interrogaron y revisaron. Se le realizaron ecografías y pruebas de sangre para descartar ITS, VIH, embarazo, hepatitis B y C, entre otras infecciones. De igual manera, se le pidió a la madre de María que acudiera al programa TARGA para que le entreguen unas pastillas, sin brindarle información sobre estas.

La hermana de María sugirió que ella tome la “pastilla del día siguiente” para prevenir un embarazo por la violación sexual. Los padres de María no habían sido informados por personal del hospital sobre dicho insumo, su uso o efectos, por lo que decidieron no darle la pastilla por el temor de que sea abortiva o le haga daño a María. A pesar de eso, la hermana de María compró una pastilla y la guardó.

48 horas después de la violación, una obstetra realizó la visita médica a María y le dejó una receta que prescribía POSTINOR 2 al pie de su cama, sin indicarle cómo tomarla ni explicarle su uso o las posibles contraindicaciones. Debido a la falta de información e indicaciones por parte del personal médico, la hermana de María explicó que se trataba de la pastilla que ella había comentado y aconsejó que María la tome. Por esa razón, la madre de María salió a buscar la pastilla, pero, en la farmacia del hospital, le indicaron que ahí no la vendían.

La madre de María siguió buscando en farmacias y logró comprarla. Haciendo un esfuerzo económico, adquirió las dos pastillas que señalaba la receta. Como no se le había dado mayor indicación sobre la administración del medicamento, a instancias de su madre, María tomó dos pastillas juntas, sin conocer que no estaban siguiendo las recomendaciones médicas para la administración y dosis del insumo para su efectividad.

En los cuatro días que María estuvo internada, recibió visitas de personal médico distinto cada vez, el que le hacía preguntas sobre lo sucedido en cada ocasión y le recetaba antibióticos y pastillas para dormir. Al darle de alta en el hospital, no se verificó si María había tomado los anticonceptivos y le señalaron que requería atención en salud mental, y le agendaron una cita. La madre de María, preocupada por la salud de su hija, solicitó múltiples permisos en su trabajo para acompañarla; sin embargo, no lograron ubicar al profesional que evaluaría a María. Esta situación ocasionó un gran dolor a María, quien, cada día, estaba más triste y ansiosa. María se negaba a salir de casa, tenía dificultades para dormir y pesadillas constantes.

El litigio de este caso tiene como objetivo lograr el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres relacionados con el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE), en especial cuando se trata de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

María y su familia, con el acompañamiento de Promsex, Paz y Esperanza, y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), iniciaron las siguientes acciones:

  • En sede interna, y a causa de lo sucedido, María inició el proceso penal por violación sexual debido a la denuncia penal interpuesta por su madre. En este, se identificó y sancionó a uno de los agresores, que era compañero de escuela de María. Como el agresor era menor de edad, se dispuso que fuera internado en un centro de reclusión juvenil por el periodo de un año y que pague a María una reparación civil de 900 soles (280 dólares estadounidenses). El Ministerio Público nunca investigó a los otros tres agresores, quienes no han sido identificados y se mantienen hasta la actualidad en impunidad.
  • Dada la inexistencia de recursos internos para la protección de los derechos de María, en el 2016, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión declaró admisible la petición en mayo de 2020 y, a partir de esa fecha, analizará las vulneraciones de los derechos humanos de María cometidas por el Estado peruano.

María y su familia, acompañados por Promsex, Paz y Esperanza, y el CRR, han logrado:

  • Que la CIDH admita, por primera vez, un caso contra Perú por obstaculizar el acceso integral de atención en salud a una víctima de violación sexual

Existen algunos aspectos pendientes que se constituyen en retos para María y sus representantes:

Lograr que se declare la responsabilidad internacional del Estado peruano, lo que lleve a una reparación integral de María, y cambios en la normativa y la política pública de salud que permitan una verdadera protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas, especialmente de las que son víctimas de violencia sexual

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