Fernando es un joven estudiante que, en el año 2017, cuando tenía 21 años, asistió en compañía de sus amigos(as) a la discoteca “Urban Bar”, ubicada en el distrito de Miraflores. Mientras bailaban, personal de la discoteca les empezó a advertir que los expulsarían del lugar, sin que existiera razón alguna para ello. Luego, dos guardias de seguridad se acercaron y uno de ellos les pidió que se retiraran, a lo cual se negaron, pues consideraban que no habían hecho nada que justifique que los echaran del establecimiento. En ese momento, el guardia se dirige a uno de los amigos de Fernando y le dice que deben retirarse, pues habían tenido “conductas homosexuales”. Frente a ello, este último decidió buscar al gerente de la discoteca para que les diera una explicación al respecto.
Entre tanto, ante la negativa del grupo de irse del lugar, el mismo guardia se acercó a Fernando y lo cogió del cuello, lo sujetó con fuerza con una mano y con la otra le golpeó el rostro, en presencia de dos de sus amigos. Fernando intentó escapar del lugar, pero llegaron otros dos agentes que lo sujetaron, mientras era golpeado en diversas partes del cuerpo, hasta llevarlo a la puerta de la discoteca. Así, tanto él como sus amigos fueron retirados a la fuerza por dicho personal, quienes les cerraron las puertas del local, a la par que les señalaban que se debía a que eran homosexuales y estaban cometiendo “actos impúdicos” dentro de la discoteca.
En busca de ayuda, los amigos de Fernando decidieron llamar a una ambulancia y a la policía, pues, luego de haber sido agredido por los cuatro guardias, él se encontraba sangrando y casi inconsciente. Cuando la policía llegó al lugar, buscaron identificar a los responsables del ataque, pero ya habían escapado por la puerta de emergencia, razón por la que solo intervinieron a uno de ellos. Seguidamente, todos fueron conducidos a la Comisaría de Miraflores, donde Fernando interpuso una denuncia en contra de dicho guardia. Como consecuencia, se le practicó un examen médico legista en el que se verificaron las lesiones traumáticas de las que fue víctima en la discoteca.
No obstante, en la denuncia, solo se consignó que se trataba de una “agresión mutua”, y que el delito cometido contra Fernando era el de lesiones contra el cuerpo y la salud, debido a que los oficiales que lo atendieron se mostraron indiferentes frente a los alegatos referidos a los actos de discriminación cometidos contra él y sus amigos, sobre la base de su orientación sexual.
Las acciones legales iniciadas por Fernando, acompañado de Promsex, buscan combatir la impunidad en la que, generalmente, quedan los actos de discriminación y violencia contra las personas a causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género, sea esta real o percibida. Además, buscamos que se ordene una reparación integral del daño que le fue causado a Fernando en su salud física y mental, así como en su proyecto de vida.
El 8 mayo de 2017, Fernando presentó una denuncia penal contra el personal de seguridad que lo agredió en la discoteca. Con la ayuda legal de Promsex, el 16 de junio del mismo año, solicitó la ampliación de su denuncia, a fin de que se consigne que fue víctima del delito de discriminación agravada, en virtud de que la agresión que sufrió respondió a cuestiones de índole sexual y a estereotipos de género; es decir, se trató de una actitud homofóbica. Asimismo, solicitó que se pida a la discoteca “Urban Bar” el padrón de los trabajadores que laboraron en la fecha de los hechos denunciados, a efectos de identificar a las personas que, junto al denunciado, lo agredieron físicamente y no se encuentran denunciadas.
El 03 de abril de 2019, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores formalizó la acusación penal contra el personal de seguridad denunciado por el delito de discriminación agravada al haberse realizado actos de exclusión, restricción y discriminación basados en motivos de orientación sexual, empleando violencia física en contra de Fernando. Además, solicitó un embargo preventivo a efectos de garantizar suficientemente la reparación civil de Fernando, así como que se imponga al imputado el mandato de comparecencia restringida para garantizar su presencia en la instrucción y cautelar al final del proceso penal. Más de un año después de formalizada la acusación, el expediente todavía no ha sido asignado a un juzgado penal para continuar con el proceso, tal como señalan las normas vigentes. Se han actuado medios de prueba ante el 23° Juzgado Penal de Miraflores bajo el antiguo modelo procesal penal, encontrándose el proceso pendiente de emisión de dictámen por el Ministerio Público y sentencia por el Poder Judicial.
A través de los medios de comunicación, se tomó conocimiento de que la Municipalidad de Miraflores habría iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la discoteca referida por discriminación. Ante este hecho, el 18 de mayo de 2017, se presentó una solicitud de acceso a la información pública acerca de las acciones o sanciones en el marco de dicho procedimiento. En la respuesta, la Municipalidad manifestó que, a raíz de una denuncia presentada a su despacho, solicitó a la discoteca que presente sus descargos y el video del día en el que ocurrieron los hechos objeto de denuncia. Además, indicó que, si bien se habían iniciado acciones preliminares de investigación, no se había instaurado todavía un procedimiento sancionador propiamente dicho.
Posteriormente, la Municipalidad ordenó como medida cautelar la clausura temporal del local, la misma que fue levantada. Aunado a ello, se impuso una sanción administrativa a la empresa, pero fue objeto de apelación y, para el 2 de noviembre de 2017, se encontraba en evaluación. La Municipalidad también solicitó a Fernando que presente los videos que él y sus acompañantes pudieron grabar para contar con mayores medios probatorios que corroboren los actos discriminatorios a fin de evaluar si se iniciaba o no procedimiento administrativo sancionador contra la discoteca. En respuesta, el 26 de noviembre, Fernando remitió un CD que contenía videos y fotos en los cuales se evidenciaba el abuso y maltrato del que fue víctima junto con sus amigos. A la fecha, se desconoce el resultado de tales investigaciones y si determinaron o no las infracciones correspondientes.
Se ha logrado que se formalice la denuncia penal contra el agresor por el delito de discriminación agravada en perjuicio de Fernando, a través de la que se combate la impunidad en un caso de discriminación basada en una orientación sexual percibida.
Es un reto pendiente la obtención de una sentencia definitiva favorable, en la cual se determine responsabilidad penal por la violencia y discriminación por orientación sexual percibida, ejercida contra Fernando, además de que se le repare adecuadamente el perjuicio sufrido. Constituye también un reto pendiente la identificación de todos los responsables de la agresión a Fernando, así como su respectiva sanción.